27 noviembre 2005

Justicia Independiente

La sección de España de El País de hoy publica un reportaje que refleja el mano a mano de dos juristas (uno "conservador" y otro "progresista") acerca de las implicaciones de la propuesta de nuevo estatuto de autonomía de Cataluña en el terreno judicial. Intervienen:

JOSÉ LUIS REQUERO (el "conservador")

Juez desde 1982. Magistrado de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 1987 a 2001. Vocal del Consejo General del Poder Judicial elegido a propuesta del PP. Ha sido profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma de Madrid.

JUAN CARLOS CAMPO (el "progresista)

Doctor en Derecho. Juez desde 1987. Magistrado de la Audiencia de Cádiz desde 1989 hasta 2001, con un intervalo de cuatro años en el que fue director general de Justicia en Andalucía. Vocal del Consejo General del Poder Judicial elegido a propuesta del PSOE.

El resultado es un reportaje equilibrado y civilizado, en el que opositor y defensor debaten en igualdad (o al menos eso es el aspecto que presenta el texto) no mala cosa en los tiempos que corren: los intervinientes proporcionan argumentos y razones.

Una cita de Requero:

Si se nos pone como ejemplo de descentralización la justicia de proximidad futura, tendré que concluir que más descentralizador que Franco no hubo nadie, que en su régimen hubo juzgados municipales y comarcales. Cuando me encuentro en el Estatuto catalán con que propone crear un Consejo de Justicia elegido al 100% por el parlamento catalán, tengo que deducir que hay una vocación de controlar políticamente el Poder Judicial desde Cataluña

Una cita de Campo:

El modelo de administración de Justicia se encuentra agotado. No tiene los atributos de eficacia y eficiencia. Falta de agilidad de respuesta. Ingresan 7,5 millones de asuntos al año en nuestros tribunales y hoy tenemos en trámite en la jurisdicción civil 800.000 asuntos; en la jurisdicción penal, otros tantos, en la contenciosa, 250.000. Tenemos el Supremo con la sala primera de lo Civil atascada con casi 15.000 asuntos pendientes; la Sala Penal, en torno a 5.000, la tercera, 24.000. Los tiempos de respuesta se dilatan. El referente para cambiar este modelo y dotarlo de agilidad es la Constitución, y tenemos que analizarla en el título sexto y octavo, de organización territorial.


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